Un Congreso para 2021

Constanza Hube

Se fue un año 2020 condicionado sin duda por el coronavirus, el que cambió nuestra forma de vivir y relacionarnos, y restringió –y seguirá restringiendo, probablemente– nuestras libertades y derechos. Por su parte, en el campo político-institucional, el año que recién pasó estuvo marcado por varios hitos, entre los que se puede destacar especialmente el plebiscito del 25 de octubre pasado, que le dio luz verde a la continuidad del proceso constituyente, cumpliendo con el itinerario y las reglas dispuestas en la propia Constitución.

Paradójicamente, este respeto por la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas del juego no fue lo que primó en el Congreso durante el año pasado. Lamentablemente, el populismo mostró su peor cara, y fuimos testigos de un 2020 para el olvido en cuanto al respeto a nuestras instituciones, por quienes tienen el deber de defenderlas.

En efecto, durante 2020 vimos cómo algunos parlamentarios cayeron en la tentación de “saltarse” la Constitución con el objeto de posicionar una determinada agenda. Camino complejo y riesgoso, tomando en cuenta que los parlamentarios son los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho, debiendo incluso prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes al incorporarse a su labor parlamentaria. Contrario a esto, se volvió una práctica frecuente, por parte de algunos congresistas, la presentación de proyectos de ley inconstitucionales, el uso de resquicios constitucionales y los abiertos llamados a implementar un verdadero parlamentarismo de facto.

Especialmente graves fueron las declaraciones de la actual presidenta del Senado, que justificó en numerosas oportunidades las vulneraciones flagrantes a la Constitución, señalando incluso que estaba dispuesta a hacer “sacrilegios” a la Carta Fundamental con tal de sacar adelante el proyecto de postnatal de emergencia, incumpliendo abiertamente su juramento y demostrando una tremenda irresponsabilidad, considerando su rol como la cabeza de un poder del Estado.

En momentos en que empezamos un nuevo año -que sin duda estará marcado por los diversos procesos electorales, incluida la denominada “gran batalla”, que no es otra que la Convención Constitucional-, es más importante que nunca reivindicar el sentido de responsabilidad. En este mismo espacio, hace un advertía sobre las grandes expectativas que la ciudadanía tiene respecto del proceso constituyente, relacionando el contenido de una nueva Constitución con una mejor calidad de vida, acceso a la salud, calidad de la educación y mejores pensiones y salarios. Si bien la nueva Constitución es muy importante, ya que se establece el rayado de cancha en términos institucionales, no pasa por ella la solución de las demandas sociales.

Es así como el actual Congreso tiene tres opciones durante su último año de funcionamiento: cumplir un rol obstruccionista, no permitiendo llegar a acuerdos en temas centrales como seguridad y pensiones; no hacer nada en el ámbito legislativo y concentrarse en las campañas electorales; o ponerle el cascabel al gato y llegar a acuerdos en temas que son esenciales para la ciudadanía.

No se justifica continuar con el inmovilismo de quienes tienen el deber de hacerse cargo de las prioridades de la ciudadanía. Ojalá que 2021 sea el año en que el Congreso esté a la altura del desafío que tenemos por delante con miras a alcanzar acuerdos que llevan demasiado tiempo esperando.